Especial para The Miami Line
Bogotá
Varios pasos más habrá que dar antes de que Colombia pueda reanudar las fumigaciones aéreas con glifosato para erradicar los cultivos de coca.
Las posibilidades, sin embargo, quedaron abiertas luego de que el jueves la Corte Constitucional determinara que la decisión de la aspersión aérea con este herbicida a los cultivos de coca queda en manos del Consejo Nacional de Estupefacientes.
El alto tribunal hizo hincapié que para tomar la decisión final deben considerarse los requisitos impuestos en el 2017 cuando se puso un alto a las fumigaciones atendiendo los riesgos a la salud de la población y al medioambiente.
El gobierno del presidente Iván Duque vio con optimismo la nueva vía abierta el jueves para sus planes.
“Agradecemos la claridad expuesta por la Corte Constitucional con la que hace oportunas y conducentes precisiones, ponderando la necesidad de contar con todos los instrumentos que estén al alcance para combatir las drogas ilícitas”, declaró la ministra de Justicia Margarita Cabello. “Hay que dar siempre un adecuado manejo a los posibles riesgos que puedan generarse”.
El jueves, el alto tribunal aclaró el fallo del 2017 en el cual la Corte permitiría reanudar las fumigaciones aérea con glifosato siempre y cuando se presentara una investigación científica, que de manera “objetiva y concluyente, demuestre ausencia de daño para la salud y el medioambiente” en el uso de glifosato.
El gobierno argumentó no existe una investigación científica en ese sentido y, por lo tanto, se pedía un imposible.
Por eso resultó de vital importancia la interpretación que hizo el jueves 18 de julio del 2019 la Corte Constitucional.
“[La mencionada evidencia científica] no equivale a demostrar, por una parte, que existe certeza absoluta e incuestionable sobre la ausencia de daño. Tampoco equivale a establecer que la ausencia de daño es absoluta o que la actividad no plantea ningún riesgo en absoluto”.
Trascendió que la Corte Constitucional espera que el gobierno cumpla con todos los protocolos y que haga las consultas respectivas con la población de Nóvita, en el departamento del Chocó (afectado por la aspersión aérea con dicho químico); que investigue el impacto en la salud de los habitantes donde se llevó a cabo la aspersión y los efectos sobre el medio ambiente tras la fumigación aérea en la región y que haga un diseño de una regulación para el uso del glifosato.
El Magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, presentó una ponencia que de seguro ha influido en la posición de dicho tribunal sobre los efectos contra la salud y el medio ambiente que provoca el glifosato.
No es la primera vez que este tribunal analiza el uso de ese químico. En el pasado la Corte Constitucional tomó cuatro decisiones, la primera la SU-383 de 2003, la cual consideró que la aspersión con glifosato debía ser objeto de consulta con las comunidades indigenas.
También las T-080, T-300 y la T-690 de 2017 sostuvieron que la aspersión aérea con glifosato puede afectar la salud y el ambiente.
Ahora la Corte se centra en la discusión de la Sentencia T-236 de 2017, la cual protegió el derecho fundamental a la Consulta de las comunidades étnicas de Novita, para determinar las afectaciones producidas con la aspersión y los mecanismos de reparación.
La Corte pidió emitir una regulación razonable, que, proteja los derechos fundamentales a la salud y al ambiente (y que un órgano independiente valore el riesgo) y expedir una regulación que evalúe y controle el peligro.
